El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España, creado en 2002 como sucesor del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Este servicio se configuraba inicialmente en una Dirección General dentro de la estructura general del Ministerio de Defensa, como un organismo público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. En 2011, tras una reforma ministerial emprendida por Mariano Rajoy, el CNI pasó a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia.​ Tiene entre otras la función de «máximo asesor» del Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad e inteligencia. Desde 2009 su director es Félix Sanz Roldán.

 

El primer servicio de inteligencia de España fue creado en 1935, una experiencia que tuvo una vida muy corta y con una actividad prácticamente nula, ya que la guerra civil paralizó su desarrollo. Durante la dictadura franquista, los antecedentes del actual CNI se encuentran en la aparición en 1968 de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), activa principalmente en el ámbito universitario y que sería embrión del Servicio Central de Documentación (SECED), fundado en 1972.​ En 1977, durante la Transición, surgiría el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), en plena transformación de las estructuras del estado del régimen del general Franco a la democracia.

 

En el año 2001 el Gobierno del Partido Popular recabó el consenso con otros grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, en particular con el Partido Socialista Obrero Español, para elaborar las leyes que debían regular los servicios de inteligencia en España. Con ello se pretendía alcanzar el mayor acuerdo posible sobre la existencia, organización y funcionamiento de algunos de los organismos básicos destinados a proporcionar seguridad al Estado democrático, sustrayéndolos, en todo lo posible, a la acción de la alternancia política. En el año 2002 se llegó a la actual regulación legal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que se asignaba un nuevo nombre que simplifica y determina con exactitud su verdadera esencia. Fruto de los mencionados acuerdos parlamentarios fue la promulgación de dos leyes complementarias, una de las cuales, ordinaria (Ley 11/2002, de 6 de mayo), regula el Centro Nacional de Inteligencia, mientras que la otra, de carácter orgánico (Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo), establece el control judicial previo al que deben someterse determinadas actuaciones del CNI.

 

Más tarde, en marzo de 2004 se publicó el real decreto que regula el Centro Criptológico Nacional (CCN), al que adscribe al CNI y con el que comparte medios, procedimientos, formativa y recursos. Completa el marco legal del CNI la disposición relativa al régimen estatutario de su personal, cuyo origen se produjo en 1995, y aunque la Ley 11/2002 contempla el desarrollo de un nuevo estatuto para el personal del Centro, razones de eficacia y seguridad jurídica han aconsejado la modificación del que ha permanecido vigente hasta la entrada en vigor de dicha Ley, y que fue publicada mediante Real Decreto en febrero de 2004. En diciembre de 2011, con la reforma ministerial emprendida por el presidente Mariano Rajoy, se traspasaría el mando del CNI al Ministerio de la Presidencia.​

 

En 2013, gracias a las filtraciones sobre vigilancia mundial de Edward Snowden, se conoció que el CNI ha estado colaborando con la NSA estadounidense en el espionaje masivo a millones de españoles, interceptando directamente o ayudando a interceptar millones de metadatos de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.

 

Las funciones del CNI son, según su propia página web, proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de España. Se dice que sus principales zonas operativas son el norte de África y Latinoamérica.